El decreto del 33 %

Tras la presentación del polemico dereto del gallego promovido por la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo llegamos a la conclusión de que no convencé a nadie. Galicia Bilingüe acusa poco menos que de "traidor" al líder del PP gallego por faltar a su promesa electoral de devolver a los padres el poder de elegir la lengua en la cual desean que sus hijos sean educados. La plataforma Queremos Galego! y la oposición parlamentaria conformada por PSOE-PSdeG y BNG se muestran decididas a plantar cara al modelo trilingüe que prevé una enseñanza impartida en inglés, castellano y gallego. ¿Y qué opina un servidor de todo esto?

En primer lugar ni dentro del propio partido existe una corriente de opinión unánime acerca de la mayor o menor idoneidad del decreto. Tampoco en la opinión pública, que se ve mediatizada por los medios y la política de Madrid en torno al tema. Sin duda que frente a la propuesta del anterior bipartito, el nuevo decreto es una nueva vuelta de tuerca al ya de por sí enrevesado tema de la libertad de elección de lengua en la enseñanza, y al papel que debe asumir el gobierno a la hora de promover una lengua determinada en el ámbito educativo. Yendo al grano, el decretazo, como se han apresurado a calificarlo algunos, que acaba de parir el ejecutivo regional es un inmenso disparate, un despropósito por el que ya se han interesado los populares de Cataluña, Baleares y Vascongadas; lugares donde no por casualidad existe un conflicto creado por los políticos en torno a los idiomas en la educación. Sin duda alguna es una ingenuidad pensar que dicho modelo trilingüe ayudará a mejorar la calidad de nuestra maltrecha educación. Para empezar, ni siquiera después de transcurridas dos décadas de las políticas de normalización lingüística de Fraga Iribarne, nuestros escolares saben manejar con soltura y de forma correcta las dos lenguas cooficiales de la Comunidad. Que nadie espere que sepan darle uso adecuado a la lengua de Shakespeare, si ni tan siquiera lo hacen con la de Cervantes y la de Rosalía.

Por otro lado el susodicho decreto no garantiza de ningún modo el derecho a los padres a elegir el idioma en que sus hijos serán educados. Personalmente considero que el decreto no hace más que añadir una dosis adicional de confusión al ya de por si caótico estado de la enseñanza gallega. ¿Alguien se imagina que los centros privados, concertados y públicos cumplirán con el deber de impartir un 33% de materias en inglés y otro tanto en gallego y castellano? Por eso mismo el decreto está condenado al fracaso, de igual forma que contribuirá al empeoramiento de la calidad de la enseñanza, limitará drásticamente el derecho de los padres a elegir el idioma en el cual se formarán y educarán sus hijos y lo peor de todo es que no contentará las aspiraciones de nadie.

Para evitar males mayores de los que sufrimos abogo por la plena libertad educativa, reduciendo de forma paulatina las intervenciones de los gobiernos central y regional en este punto. Idealmente planteo la posibilidad de abolir la competencia del estado central en materia educativa, también la de las comunidades autónomas, dejando en último caso dicha potestad en manos de los entes locales. Del mismo modo me opongo a la existencia de un deber del ciudadano de conocer bien alguna o las dos lenguas cooficiales. Sé que a los que apoyen el decreto y a los que se opongan al mismo por entender que pone en una paupérrima situación al idioma gallego no les gustarán estas medidas. Sin duda les pido que reflexionen; ¿Contribuirá la providencial mano del estado a solucionar el problema que se le antoja a cuatro chauvinistas quemabanderas? ¿O será la responsabilidad de cada padre respecto de sus hijos en pro de una mejor educación, más libre, más universal, más equitativa, y a fin de cuentas, más humana?